Entendemos esta plataforma de lucha como un instrumento de integración a nivel nacional y local basado en demandas que desatienden las alternativas que obedecen a líneas y proyectos políticos con fines personales, esta herramienta se centra en las necesidades del pueblo integrando a los jóvenes y estudiantes, con sus particularidades escolares y universitarias, por medio de sus demandas tanto estratégicas de largo plazo como tácticas de corto y mediano plazo; debemos equilibrar la lucha política, con la búsqueda de alternativas que puedan dar una solución transitoria a dichas demandas; más que propuestas técnicas o mostrar respuestas definitivas, deben ser medios políticos para realizar en el largo plazo la Revolución Social:
1.- Demandas Para toda la comunidad educativa
- Educación Estatal, Gratuita y Popular: La educación debe ser de carácter estatal asegurando así su implementación, administración y completo financiamiento por parte del Estado, permitiendo el derecho a la educación a todo el pueblo y evitando de esta manera la dependencia económica y lucro por parte de los privados, esto implica el termino de la municipalización y el fin del sistema de sostenedores. La educación, debe ser de carácter gratuito en todos sus niveles, eliminando de esta manera las condicionantes económicas y dejándola a disposición de toda la sociedad. Además debe asegurar un acceso popular, es decir, debe estar al servicio de los trabajadores y el pueblo, entendiendo por ello la capacidad de responder a las necesidades de los trabajadores y sus familias, en quienes se deben amparar las proyecciones de desarrollo nacional, considerando para ello, su desarrollo integral y sus capacidades con el fin de transformarse en actores de cambio social y no simplemente en herramientas de mercado como mano de obra al servicio del empresariado.
- Prácticas Técnicas y Profesionales pagadas y derecho a sindicalización: El estado debe garantizar el pago de las prácticas tanto técnicas como profesionales a todos los estudiantes que experimentan la vida laboral, entendiendo que la labor que efectúan significa una serie de tareas que se desarrollan a favor del crecimiento y desarrollo de las instituciones donde se desempeñan. La remuneración por este trabajo debe ser a partir de un sueldo base y no solamente pasajes o alimentación como se realiza en algunos centros laborales en la actualidad. Junto a esto debemos demandar también la eliminación de los planes educativos duales donde las actividades de los estudiantes en práctica no son acordes a su especialidad y además someten a los jóvenes estudiantes a jornadas agotadoras de estudio y trabajo sin remuneración.
- Tarifa estudiantil y TNE única y gratuita de inmediato: Debe implementarse un sistema de administración de la tarifa estudiantil a nivel nacional que declare la condición de estudiante en todo el territorio, dando validación a la tarifa escolar gratuita a todo estudiante y en cualquier tipo de transporte publico, metro, micros, metro-tren, etc.) durante todo el año y en cualquier parte del país.
- Transporte público estatal: El transporte debe entenderse como la posibilidad de acceder a los diversos derechos sociales tanto en el territorio urbano como rural, por lo cual su implementación y gratuidad debe ser un derecho que permita a todo estudiante asistir a ejercer su educación a través de una tarifa escolar preferencial. El transporte debe ser de servicio público y no privado, lo cual significa que debe de privilegiar los intereses del pueblo por sobre el lucro de las empresas transportistas tanto nacionales como transnacionales. Además debe ser de administración estatal, eliminando de esta manera las trabas impuestas por las empresas de transporte a la hora de efectuar ajustes a la tarifa local.
- Fin a la ley de Responsabilidad Penal Juvenil: Durante el año 2006 se implementa la ley penal juvenil. Esta se enmarca dentro de una campaña de control social impuesta por los medios de comunicación hacia la población chilena informando sobre hechos de violencia que involucraban a jóvenes como infractores principales, ignorando la realidad y aumentando así los índices de terror en los sujetos, con esto querer lograr un control penal sobre los menores que incurren en conductas desviadas y para dar término a las movilizaciones estudiantiles de ese año.
En esta ley las penas previstas son excesivamente elevadas, olvidando que a quienes se les aplican son niños en pleno desarrollo, contradiciendo la socialización y encerrándolo en régimen carcelario. Esta ley tiene penas de 5 años de cárcel para niños de 14 a 16 años y de 10 para menores entre 16 y 18 años.
Las sanciones que implementa la ley penal para los adolescentes son:
1.- Privación de libertad
2.- Régimen cerrado y semi-cerrado
3.- Servicios en beneficio de la comunidad
4.- Multas y amonestaciones.
Frente a la abolición de esta ley debe implementarse dentro del currículo nacional un mecanismo que permita prevenir la verdadera delincuencia por medio de la educación.
- Fin a la Ley Antiterrorista: La ley N° 18.314 data del año 1984, fue promulgada por el régimen militar a fin de enfrentar la creciente disidencia opositora que por aquella época convergía en un único referente para desestabilizar y precipitar el fin de la dictadura. Sin embargo el fin de la dictadura no significo el fin de la ley, por el contrario, fue re evaluada por el congreso y luego utilizada como herramienta eficaz para el desmantelamiento de los últimos grupos de izquierda.
Hoy en día podemos presenciar su aplicación a conflictos sociales como el Mapuche. A este se le ha criminalizado vorazmente por los gobiernos de la post-dictadura aplicando sin mayor preámbulo la ley antiterrorista, ignorando principios básicos sustanciales del derecho penal y de los derechos humanos.
Además esta ley se ha usado en el contexto de un conflicto entre particulares, como lo es en los casos del Incendio del Fundo Poluco Pidenco, daños a empresas forestales, etc. puesto que estos no son un atentado a bienes públicos que afecten a la comunidad en general.
- Mejoramiento de Infraestructura y en los establecimientos educacionales: esto apunta al mejoramiento de los establecimientos educacionales en cuanto a su equipamiento, infraestructura e inmobiliaria. El estado debe garantizar las condiciones óptimas de los establecimientos con el objetivo de facilitar el proceso educativo y beneficiar al estudiantado en un ambiente que le permita desarrollarse de forma íntegra. Ejemplos claros de estas demandas son: mejoramiento de los baños, reparación eléctrica y mantención, salas de computación, áreas verdes, equipamiento de laboratorios, equipamiento en los talleres, canchas deportivas, etc.
- Asesoramiento, educación e información sexual: Sobre métodos anticonceptivos en escuelas, establecimientos y hospitales sin discriminación de edad, sexo, género, orientación sexual, estado civil, etnia, clase, etc. Que los hospitales públicos y los centros de salud garanticen gratuitamente cualquier método anticonceptivo (oral, DIU, píldora del día después, preservativos e incluso los métodos de esterilización definitiva) a toda persona ante su sola y libre decisión, después de haber recibido asesoramiento adecuado sobre su eficacia y sus contraindicaciones. Además se debe terminar con la deserción estudiantil creada por el sistema, que no se hace cargo de la integración y continuidad de estudios de las madres y padres en sus establecimientos educacionales.
2.- Demandas Particulares Educación básica y media (colegios y liceos)
- Fin a la LGE: Esta ley si bien deroga la LOCE no es una nueva ley orgánica constitucional, más bien se constituye sobre sus mismo principios de “libertad de enseñanza” y lucro, de carácter inamovibles por simples mayorías a nivel constitucional, una ley general o normativa que toca sólo algunos aspectos de la LOCE “en lo que se refiere a la enseñanza parvularia, básica y media”, pero otros como las disposiciones sobre educación superior quedan para ser resueltos en el futuro. No termina con el financiamiento compartido, ni con los pagos en los colegios privados de hecho mantiene intacta la lógica empresarial y mercantil de la educación chilena, es decir que una empresa se encuentra en competencia con otras empresas y su objetivo principal es hacer un buen negocio.
- Fin de la Jornada Escolar Completa (JEC): Hasta hoy la jornada escolar completa ha significado un sometimiento de los estudiantes a extensas jornadas de desgaste con materias fuera del objetivo fundamental, referente a la implementación de talleres, su funcionamiento ha estado alejada a las necesidades del pueblo de hecho a significado también un desgaste económico de las familias más pobres ya que sus fines han estado guiados para beneficiar a las empresas insertadas en las instituciones y a la vez a los privados; Así siendo consecuente con nuestro carácter popular rechazamos este sistema tanto como el aumento de las jornadas laborales de nuestros padres. Sin embargo debemos incluir en esta demanda que el estado asegure la permanencia de los beneficios de alimentación, entendiéndolo como un derecho para los niños y jóvenes y no sólo para los estudiantes. El Estado debe garantizar por medio de un nuevo currículo nacional que los establecimientos educacionales implementen talleres de recreación gratuitos, donde cualquier persona pueda participar; un proyecto que sea un aporte al desarrollo nacional por medio de la educación como pilar fundamental en la formación de personas íntegras.
- Fin a la Prueba de Selección Universitaria (PSU): Es uno de los principales discriminantes a la hora de intentar acceder a la educación superior, ha sido la herramienta de las oligarquías para mantener a nuestro pueblo privado de buena educación y de los mínimos beneficios existentes. De forma inmediata demandamos la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria, y ante la abolición de este sistema se debe suplir con un instrumento factible para el acceso a la educación superior, que termine con la discriminación social existente, esto significa la implementación del bachillerato gratuito donde se asegure el acceso a la educación superior a las mayorías del pueblo. El carácter de este sistema debe apuntar a un proyecto de desarrollo nacional en el que el pueblo sea el actor principal en la toma de los medios de producción, es decir, que a los estudiantes emergentes del pueblo se les asegure antes de su titulación la inserción en los centros laborales o medios productivos.
- Reorientación del currículo: Esto significa reestructurar este referente que entrega la modalidad educativa en la que se desenvuelve el estudiante y como es entregada su educación, el currículo debe depositar gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de los conocimientos y competencias que requiere todo el pueblo, por lo cual se torna necesario concretar los parámetros de calidad y eficiencia de la educación y su metodología, y por lo tanto debe responder a la realidades y necesidades tanto individuales, como colectivas, territoriales y étnicas mediante un plan de desarrollo nacional. Junto con esto agregamos la importancia de agregar a la malla de los establecimientos educacionales el ramo de Educación Cívica y la permanencia de la filosofía.
- Democratización de los centros de alumnos: Hasta hoy en día los centros de alumnos no han entendido su rol conductor en cuanto a la organización y movilización estudiantil, por lo cual planteamos la recuperación de estos espacios por parte de los estudiantes más concientes y rebeldes, este objetivo de toma del poder debe estar guiado en transformar los centros de alumnos en verdaderos instrumentos de continuidad y avance en la lucha estudiantil. Deben entenderse las instancias democráticas tanto dentro del centro de alumnos como también fuera de este, es decir se debe garantizar la participación, el derecho a voz y voto de los demás estudiantes. A la vez planteamos la participación de toda la comunidad de la educación básica y media (estudiantes, apoderados, profesores) en los contenidos de los proyectos institucionales. Para permitir un eficiente funcionamiento de estos espacios se torna urgente la eliminación del decreto 524, como instrumento que se utiliza para evitar la organización democrática del estudiantado.
3.- Demandas Particulares Educación Superior:
- Fin a la LOCE: La LOCE es el resultado y perpetuidad del injusto sistema económico sobre la educación. A través de ella se da lugar al lucro, por medio de cual los privados han logrado enriquecerse gracias a una necesidad legítima del pueblo. Este marco regulatorio da lugar a la municipalización de la educación, al financiamiento superior y a las subvenciones, dejando como resultado que aquellos sectores más pobres deban acceder a niveles de educación tan carentes como sus propios recursos y de la cual se desprenden enormes desigualdades en las condiciones educativas de sectores pobres respecto de sectores ricos. Se torna necesaria y urgente la creación de una ley única nacional que responda a las necesidades del pueblo en su conjunto, que permita la participación de todos los sectores del plano popular.
- Aumento de Financiamiento Estatal: Para ser posible los objetivos anteriores es necesario el aumento de financiamiento estatal para la educación superior desde el actual 0.7% del PIB a un mínimo de 5% del PIB (promedio latinoamericano) para posibilitar el total financiamiento de las Universidades estatales en sus áreas académicas, investigación, extensión, etc. Esta cifra está dentro de las posibilidades nacionales, en Chile se gasta entre 1.000 y 1.300 millones de dólares al año en armamento.
- Fin al AFI y traspaso al AFD: El Aporte Fiscal Indirecto es un aporte concursable cuyo criterio de distribución es la matrícula de los alumnos de primer año con los mejores 27.500 puntajes en la Prueba de Selección Universitaria. Es un sistema que genera una competencia que no se basa en criterios académicos, sino en criterios de marketing y con una óptica mercantilista, provocando el aumento de las matrículas en aquellas carreras de alta demanda, sin considerar las necesidades reales del país. Como efecto de la desigualdad de condiciones de los distintos establecimientos de enseñanza media, el aporte se concentra casi en su totalidad en la Región Metropolitana siendo un factor que aumenta la desigualdad entre Universidades regionales y metropolitanas. Los Fondos del AFI deben pasar íntegramente a ser parte del AFD que es un instrumento de financiamiento del Estado para las universidades del Consejo de Rectores. Consiste en un subsidio de libre disponibilidad asignado en un 95% conforme criterios históricos y el 5% restante de acuerdo con indicadores de eficiencia anuales, este debe cubrir el 100% de los gastos reales de las Universidades Tradicionales. De esta forma no se les obliga a las Universidades a asumir el endeudamiento como forma de financiamiento.
- Democratización de la Universidad: Planteamos la participación triestamental, cuyo eje es la participación con derecho a voz y voto en la toma de decisiones en todos los aspectos que rigen el funcionamiento administrativo, económico, en la construcción de proyectos de desarrollo estratégicos de las distintas universidades, como en la elección de las autoridades universitarias, tanto los órganos de dirección colegiados (consejo superior, consejo directivos, etc.) y personales (rector, vicerrector, decanos, etc.) Estos deben ser producto de la voluntad libremente expresada de toda la comunidad que conforma a la universidad.
- Fin a la ley de acreditación: Rechazamos este ley debido a que los estudiantes de las universidades tradicionales, supuestamente “estatales” han sido perjudicados, perdiendo los créditos estatales y dejando al mercado sus posibilidades de financiar su educación, a costo de impagables deudas. Tanto esta ley, como todas las del marco legal de educación, han buscado privatizar cada vez más la educación. A la vez rechazamos el proyecto Cruz del Sur como referente que viene a potenciar la acreditación y la perpetuación del mercado en la educación.
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